El anuncio relativamente reciente por parte del gobierno de un proyecto de ley para las Universidades del Estado es una materia tan relevante para el desarrollo de Chile que vale la pena detenerse en la propuesta. Lo primero a considerar es que este proyecto no aporta significativamente en materias de especial relevancia para el futuro de las casas de estudio surgidas de la reforma del año 81- dieciocho en total - y que creó un conjunto de universidades provenientes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado.

 

La dictadura, como en muchos otros aspectos de la vida social, produjo una transformación sin parangón en el panorama educativo. La evaluación general de este proceso debe establecerse en términos de un completo éxito de la educación privada o semiprivada y de un empobrecimiento de la institucionalidad pública. A nivel ideológico se trata de la penetración del neoliberalismo en un campo tan sensible como la educación. Esta constituye hoy un bien de consumo.

 

El proyecto no aporta en emparejar la cancha en materia de matrículas, se continúa con un modelo, por rebote, de estrechamiento de la matrícula pública y una total desregulación de la privada. Alguno/as dirán que esta es la realidad actual, pero cabe preguntarse sí debe ser así. Los datos están a la vista, las cifras de la OCDE, paises con los que Chile gusta compararse, están muy lejos del 84% privado y 16% público. Reina el mercado.

 

En este marco, el proyecto si bien arranca con palabras de buena crianza con respecto a la naturaleza distintiva de las Universidades del Estado, profundiza económicamente un modelo basado en convenios de desempeño cuyos indicadores suelen no ser discutidos por las comunidades académicas y más bien tienen relación con indicadores de impacto vinculados a grandes empresas transnacionales como las indizadoras Thomson Reuters y otras.

Así también, se vuelve a ralentizar el funcionamiento de las universidades mediante sistemas de control financieros que si bien cautelan los recursos públicos transforman a la organización en viejos modelos burocráticos en el contexto general de un sistema neoliberal vertiginoso.

 

En segundo lugar, el proyecto no aporta nada en materia de gobernanza. Un ejemplo de esto es que actualmente las universidades cuentan con un órgano (extra) universitario, equivalente a una Junta de Gobierno, que dictamina cuestiones vitales para el futuro de la universidad.

La propuesta entrega legitimidad a un modelo acuñado durante la dictadura llamándolo de otro modo y haciendo pasar, de este modo, “gato por liebre”. Una junta que contiene dos miembros nombrados por el/la Presidente de la República, los cuales serán nominados según naturales intereses ideológicos, no hace sino ensuciar el proceso de toma de decisiones de las comunidades universitarias.

En materia de participación es tan tibio que no dice nada. Un reclamo tan sentido por estudiantes y funcionarios no es para nada recogido. Esto constituye una vergüenza para el gobierno. Debería ser más explícito en esta materia. ¿Se puede elegir Presidente de la República y no Rector? ¿No parece algo incongruente?

 

Ahora bien, una cuestión totalmente no abordada por el proyecto y sus discusiones, dado el evidente conflicto ideológico que surgiría, es ¿cuál es el marco democrático, participativo y de desarrollo que les exigiremos a las universidades privadas?

¿O ellas pueden crecer libremente?

Si sólo se mueven por la regulación que exige el mercado, que en Chile es un chiste mal contado, entonces las Universidades del Estado serán un elefante y las privadas un gepardo.

¿No es esto una nueva arena movediza para las universidades estatales? No sería corrrecto, por ejemplo, que todas las universidades deban tener elección de sus autoridades o ¿esto sólo corre para las públicas? Osea, lo angosto para lo público y lo ancho para lo privado.

 

Con todo, parece un proyecto que no cambia nada y más bien profundiza un modelo del que Chile debería huir a toda prisa.