Educación en la nueva constitución: Derecho a la educación permanente

Guillermo Williamson Castro

Doctor en Educación y Académico de la FECSH-UFRO

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EDUCACIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN: DERECHO A LA EDUCACIÓN PERMANENTE.

La PSU fue “funada” para un amplio porcentaje de los estudiantes que debían realizarla, la prueba de historia se suspendió, el CRUCH alega que el gobierno no tomó las medidas para asegurar el proceso pese a los avisos de que iban a haber actos contrarios ¿y el Ministerio de Educación?, siguiendo la visión pedagógica de la Ministra Cubillos: amenazando con represión bajo la lógica de la guerra contra los que expresan movilizados un discurso político e ideológico diferente. La Subsecretaría de Educación Superior sigue invisible en este proceso. La comunidad académica no se ha pronunciado colectivamente. Los estudiantes, señalaron que querían dar las pruebas pero que entendían las movilizaciones por la injusta PSU y que el problema debía solucionarse pese a sus costos. 

Esta es la última PSU que organiza el DEMRE del CRUCH, pues ya se venía revisando el proceso, tardíamente y de modo poco visible. El proceso de selección siguiente estará a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior. Por tanto el debate de la PSU expresa una situación de crisis y contradicción mayor y sistémica de la educación bajo su modalidad escolar, de la organización e institucionalidad, de los propósitos y sentidos de la educación, de sus consecuencias y resultados, del sistema escolar privatizado y municipalizado: el subvencionado. Pero también refleja una crisis general –en Chile y América Latina- de la Escuela (sobre todo del Liceo) como expresión institucional de lo público para cumplir el derecho a la educación de todos y todas.

El país está movilizado por un nuevo modo de organizar la convivencia y la sociedad, es decir, de la política, la economía, la cultura, las relaciones sociales y… la educación. La nueva constitución deberá indicar los principios fundantes de una nueva educación para Chile y todos(as) quienes habitan en ella, donde, cómo y por el tiempo que sea.

Los tiempos actuales, no son sólo de incertezas ante escenarios futuros, abiertos y complejos, sino también de tomar decisiones de un modo justo y equilibrado ante dilemas éticos, morales, valóricos e ideológicos, de derechos, entre propósitos e ideales ante las posibilidades prácticas de transformaciones sociales y educacionales. No todo lo que se quiere tiene la posibilidad histórica de realizarse, por ello en una primera transformación educacional hacia la igualdad, la no segregación, la calidad y justicia social el dinero debe ser erradicado del centro del sentido y organización de la educación y reemplazado por otro modelo público de aseguramiento del derecho al aprendizaje permanente. No más subvención escolar de ningún tipo y si un financiamiento adecuado a las modalidades escolares (especial, intercultural, indígena, rural, de jóvenes y adultos, regular, popular, capacitación) y a su presencia en los territorios, no más SIMCE asociado a “incentivos”, no más financiamiento precario del estado a sus universidades estatales y si a uno basal que asegure la docencia, la investigación, el vínculo con el medio y la gestión, no más cálculo económico para asignaturas como la de lengua indígena sino valorarlas por su propio carácter, generación de un sistema gratuito de capacitación permanente de los trabajadores, campesinos, indígenas, pequeños y medianos empresarios familiares y cooperativos, fortalecimiento de una educación de jóvenes y adultos y técnico-profesional asociada a aprendizajes escolares y oficios que contribuyan a otro modelo de producción asociativo, cooperativo y al desarrollo territorial local y regional. 

Todo ello requiere financiamiento que debe asegurarse de un modo equilibrado con otras demandas de aseguramiento de derechos: no será fácil la tarea que deben asumir los constituyentes resolviendo dilemas complejos de sentidos y derechos en el contexto de una sociedad plural movilizada e informada (como debe ser) pero también estratificada y segregada, con una variedad enorme de requerimientos legítimos desde los diversos sectores sociales, culturales, productivos que se tensionan. La política, debe ser capaz de constituirse como una acción colectiva de gestión democrática basada en la resolución del dilema entre propósitos e ideales de las fuerzas críticas y sociales de la mayoría de la sociedad –no de toda, pues ésta es plural y la política y el desarrollo suponen opciones que se contradicen con algunos sectores- con la organización institucional real e histórica, el conocimiento y la tecnología, la educación como proceso central de producción y reproducción cultural y la economía, para que la dignidad humana y de la naturaleza sea el valor que reemplace al dinero en el centro de la educación y la vida social.

Definir una nueva educación en una nueva constitución no es una tarea fácil, implica pensar y realizar lo que Salvador Allende, el Ché Guevara, San Pablo de Tarso, Paulo Freire y otros llamaron de “Hombre Nuevo”. Un Ser Humano mejor que el que conocemos, que emerge desde lo profundo de la memoria intelectual del país, de las culturas indígenas, de las luchas de las organizaciones sociales y partidos políticos, de las ideas emergentes de las artes, las ciencias, las humanidades, el pensamiento, de las esperanzas del pueblo, de los trabajadores, de los productores, de los oprimidos y excluidos. 

Debe debatirse y proponerse un Derecho Constitucional a la Educación Permanente basado en el principio de aprendizaje permanente con lineamientos para su trayectoria y aseguramiento. Hoy no basta sustituir la “libertad de enseñanza” por el “derecho a la educación”, debe considerarse la opción de asegurar que el aprendizaje se ejerza a lo largo de toda la vida. La cuestión constitucional no debe estar centrada en el ingreso sin requisitos a la universidad, ni en poner fin al SIMCE o a la PSU, en cambiar el financiamiento escolar, sino en pensar un país que se desarrolle nacional, regional y localmente, con un modelo educacional público que asegure el “Derecho a la Educación Permanente” de todos(as) quienes viven en él. El Programa Chilecalifica, de los gobiernos de la Concertación, apuntaba en esa dirección: fue mal tratado por el Ministerio de Hacienda, tuvo problemas de implementación, faltó tiempo para expandirse, pero era una primera aproximación a esta idea. La Educación Permanente, es decir, a lo largo de toda la vida, es la condición básica para la inclusión de todos en la construcción del desarrollo en sus varias escalas, de la democracia en sus modalidades, de la ciudadanía en sus ejercicios, de la economía en sus expresiones y del aprendizaje permanente.